El Gobierno audita 70.000 hectáreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para definir cuántas pondrá a la venta. El Ejecutivo asegura que utiliza sólo 45.000 para producción de investigaciones de las 116.000 con las que cuenta.

En la Casa Rosada sostienen que esperan completar el 50% de la fiscalización para diciembre y la mitad restante, para febrero. Decidirán qué terrenos vender o ceder a provincias entre marzo y abril. Los ingresos de las posibles operaciones quedarían dentro del presupuesto del organismo, que asciende a US$250 millones.

Este proceso forma parte de la reforma del INTA que anunció ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni. El instituto lo preside Nicolás Bronzovich y depende del Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo. Cuenta con 6800 empleados de planta permanente.

El organismo pasó de tener 3400 a 7500 empleados entre 2003 y 2015. El Gobierno decidió desplazar a 227 trabajadores en línea con la reducción de personal de contratados que impulsó Javier Milei. El equipo auditor del INTA revisará la funcionalidad de los de planta permanente, a los que ya ofrecieron retiros voluntarios.

El Ejecutivo está interesado en impulsar investigaciones sobre riego, genética y fertilización que puedan generarle un rédito a la producción del privado. Buscan coordinar las reformas con el consejo del INTA, que integran cinco representantes del sector público y cinco del privado.