Gendarmería Nacional, a través de su División Acústica Forense, presentó este jueves ante la Justicia el resultado de los análisis sobre los archivos que había aportado el periodista Mauro Federico. Las pericias se hicieron en la causa por presuntas coimas que involucra a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la Fiscalía volvió a objetar los mecanismos y las conclusiones.

El Gobierno había adelantado esos resultados hace 15 días. En el informe de 74 páginas, los peritos escribieron que “no fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”. Según el documento, de todos los archivos 14 resultaron aptos para ser analizados y otros 43 no servían para una comparación forense.

En los 14 archivos disponibles, los peritos identificaron “características acústicas compatibles con un proceso de regrabación”. Mencionaron además “discontinuidades abruptas” y “posibles puntos de corte”, aunque no pudieron determinar “el tipo ni metodología técnica de edición eventualmente empleada”. Tampoco lograron establecer de forma concluyente si las voces son humanas de origen natural o si se recrearon digitalmente. El informe también dice que no fue posible evaluar “de manera fehaciente la continuidad e integridad de la cadena de custodia” de los audios.

Frente a esos resultados, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) manifestó su desacuerdo con las conclusiones y con los métodos aplicados. El Ministerio Público Fiscal intervino con cinco peritos de parte, que señalaron que “no se les permitió volcar sus disidencias en las conclusiones, por lo que tuvieron que hacerlo en un anexo separado, lo que a su entender desnaturalizó el debate pericial”.

Para los expertos de la Fiscalía, los peritos oficiales no quisieron cotejar las voces de las grabaciones con la de Spagnuolo, porque el programa tenía “limitaciones de calibración que impedían usar sus resultados con fines identificatorios”. Los expertos de la DATIP sostuvieron que 15 archivos “tenían calidad suficiente para hacer esa comparación”. Añadieron que el protocolo contempla tres modalidades de análisis, de las cuales deben aplicarse como mínimo dos, y que Gendarmería no las llevó a cabo.

En cuanto al posible uso de inteligencia artificial para crear voces, que no fue confirmado ni descartado del todo, los peritos de la Fiscalía afirmaron que “esa conclusión no se corresponde con lo que el propio informe encontró”. Consideraron “un error exigir a un dispositivo entregado voluntariamente la misma trazabilidad que a uno secuestrado en un allanamiento” y aseguraron que “no hay elementos para poner en duda la integridad de esa prueba”.