Una grave crisis política e institucional sacude a Paraguay luego de que el Congreso votara la destitución del presidente Santiago Peña tras encontrarlo culpable de mal desempeño en un acelerado juicio político. La medida se precipitó a raíz de su vinculación con el colapso financiero de Ueno Bank y las denuncias de irregularidades en la entidad. El juez penal de garantías va a determinar donde va a estar detenida a lo largo del proceso.
Inmediatamente después de su salida, el Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención preventiva del mandatario saliente en el marco de una causa por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles.
La medida, dictada por un equipo de fiscales especializados en delitos económicos, anticorrupción y lavado de activos, incluye la disposición de arresto domiciliario en su residencia a la espera de su traslado a la fiscalía. La orden judicial también recayó sobre el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding.
Ante este escenario, Pedro Alliana —hasta entonces vicepresidente— juró ante el Parlamento como nuevo mandatario para completar el mandato hasta 2028. Durante su asunción, exigió resultados inmediatos y prometió una compensación plena para los sectores afectados por el colapso bancario, designando al senador Antonio Barrios como nuevo vicepresidente.
