Mediante la Resolución 538/2026, el Ministerio de Justicia dispuso dar de baja en la práctica a 72 oficinas registrales de la Propiedad del Automotor de distintas provincias. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) tendrá 60 días hábiles para ejecutar la medida. La norma se difundió en el Boletín Oficial del jueves 5 de noviembre.
La resolución suprime 67 sedes y suma el cierre efectivo de otras cinco, que ya habían sido eliminadas por una norma de 2025. Está firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. Los cierres abarcan 16 jurisdicciones.
La Dnrpa deberá repartir los legajos entre las oficinas que sigan abiertas, y los dominios de las sedes que cierran se asignarán a otros registros. Los trámites en curso pasarán a otras oficinas. Según el Ministerio, la idea es garantizar que las gestiones no se interrumpan, pero el texto no precisa, sede por sede, qué oficina recibirá cada caso.
La reorganización se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de este año. El Ministerio de Justicia describió el programa como una estructura con “esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano”.
Los registros que continúen abiertos podrán inscribir trámites de motovehículos, automotores y maquinaria (agrícola, vial e industrial), además de prendas sobre bienes muebles no registrables, siempre que lo ordene la Dirección Nacional. Los encargados titulares de registros que asuman tareas de otras sedes seguirán en su puesto, y su designación valdrá para el registro con el nuevo nombre.
Los anexos de la resolución detallan el nombre y el número de cada registro que dejará de funcionar. Entre ellos figuran los de Coronel Dorrego y Oriente, Carhué, Pigüé, General Belgrano, General La Madrid y Laprida. Al fundamentar la concentración de oficinas, el Ministerio afirmó que apunta a “fortalecer la prestación y mejorar las condiciones de atención, sin menoscabar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios”.
