El Gobierno recibió con satisfacción el sobreseimiento de Javier Milei y de su hermana Karina en la causa Libra, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de una criptomoneda en febrero de 2025. En la Casa Rosada consideran que la resolución judicial respalda la posición que mantuvieron desde el comienzo de la investigación, aunque no existe una postura uniforme sobre la conveniencia de pronunciarse públicamente.

 

“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”, posteó en su cuenta de Instagram el presidente Javier Milei.

 

“Se hace justicia”, expresó un funcionario de primera línea del Ejecutivo después de conocerse el fallo. En otros sectores de Balcarce 50 eligieron mantener una posición más reservada y evitaron realizar valoraciones sobre la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. “No opinamos de causas en trámite ni de causas finalizadas o resueltas”, sostuvo otra fuente oficial.

 

La reacción pública más contundente llegó desde el entorno del Presidente a través de Santiago Caputo. El asesor presidencial publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la investigación y sostuvo que las denuncias respondieron a una intención de perjudicar políticamente al jefe de Estado. Su intervención contrastó con la cautela que transmitieron otros integrantes de la administración libertaria.

 

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente”, escribió Caputo. Luego agregó: “Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre”. El mensaje apuntó contra quienes impulsaron o cuestionaron públicamente el caso, aunque el asesor no identificó destinatarios específicos.

 

La resolución fue dictada este viernes por Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, después que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de todos los investigados. El magistrado concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas y aplicó el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación.