El Gobierno confirmó este martes que apelará ante la Justicia el fallo de primera instancia que horas atrás declaró inconstitucional el decreto de Javier Milei que frenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su inmediata aplicación.

 

La decisión se conoció poco después de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La resolución obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la norma vigente desde 2025 que alcanza a salarios, becas, investigación y partidas para las instituciones.

 

En su fallo, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. Además, ordenó al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias necesarias para garantizar su “cumplimiento inmediato”.

 

Para el juez, el mecanismo utilizado por el Gobierno era “extraconstitucional”: servía para bloquear una ley que había sido ratificada por ambas cámaras. En sus fundamentos, Cormick señaló que el artículo 9 de la norma ya prevé herramientas para financiarla, como la adecuación de partidas y el uso de los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, sin afectar la coparticipación de las provincias.

 

La ley de Financiamiento fue sancionada en agosto de 2025 con el impulso de la oposición. Luego del veto presidencial de Milei, tanto la Cámara de Diputados y el Senado reunieron los votos necesarios para insistir con la norma y en octubre de ese año el Ejecutivo la promulgó mediante el decreto 759/2025. Sin embargo, condicionó su ejecución a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto. Sobre el costo, el juez citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso: para 2025, la norma representaba el 0,23% del PBI.

 

Antes de este fallo, el expediente ya tenía una medida clave. En diciembre de 2025, Cormick dictó una cautelar que ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la confirmó y, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Estado. Así, la medida quedó firme mientras se define la cuestión de fondo que fue abordada este martes en el nuevo fallo del magistrado.

 

En ese escenario, el Gobierno sostiene que está en cumplimiento, ya que el 10 de junio firmó con el CIN y los gremios universitarios un acta que contemplaba una recomposición de la masa salarial del 24,33% y una actualización del 20% para gastos de funcionamiento. Con ese acuerdo pidió que se levantara la cautelar, pero Cormick lo rechazó el 1 de septiembre: dijo que el Estado no había acreditado una solución definitiva al deterioro salarial.

 

La negociación volvió a fracasar el 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo mantuvo una oferta adicional del 3% y avisó que la aplicaría aun sin acuerdo. Los gremios la rechazaron y todavía reclaman un diferencial mayor.

 

A modo de respuesta, el juez sostuvo hace dos semanas que “no existe cumplimiento total” y le dio cinco días al Ejecutivo para acatar la medida, bajo apercibimiento de multas por cada día de demora. El Gobierno pidió revocar esa intimación. En su argumentación, sostuvo que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 llegaron al 226,8%, por encima del 226,46% de inflación que toma como referencia para el período hasta agosto de 2025.

 

Cormick cuestionó ese cálculo y consideró que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables de la ley. También rechazó la interpretación oficial que limitaba las becas al programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado este año a $187.495. El 30 de septiembre, el magistrado volvió a darle cinco días al Gobierno y reconoció solo un cumplimiento parcial.

 

En paralelo, la disputa continúa en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $7,349 mil millones al funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales. El CIN considera esa cifra insuficiente, y pidió un monto cercano a los $11 mil millones. Mientras tanto, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.