

Este viernes la jueza
federal de revisión Silvia Fariña homologó el acuerdo pleno presentado por
las partes y condenó a Virginia Mercedes
Ramos, más conocida en las redes sociales como Vicky Ramos, a tres años de cárcel de ejecución
condicional por los delitos -que fueron considerados en concurso ideal- de “venta de mercaderías peligrosas para
la salud y falsificación de sellos oficiales”.
Según informaron fuentes oficiales, la pena es de cumplimiento condicional, motivo por el que la influencer
no irá a prisión. No obstante, deberá
cumplir una serie de reglas de conducta durante el período establecido,
entre ellas, fijar residencia e informar
cualquier cambio de domicilio, además de entregar -durante cuatro meses- 10 kilos de carne por mes al merendero Agrupación Movimiento por los Niños.
Además, la resolución estableció una medida relacionada con la actividad que Ramos llevaba a cabo en sus redes, ya que deberá publicar tres videos (o reels), uno por mes y durante tres meses consecutivos, en sus cuentas de Instagram y Facebook, con el fin de advertir a sus clientes y al público sobre los riesgos de consumir productos prohibidos por las autoridades sanitarias.

EL CASO VICKY RAMOS
Fiscalía imputó en marzo pasado a dos hermanas acusadas de comercializar un suplemento dietético
presentado como “quemador de grasas” que contenía sustancias peligrosas para la
salud y que, además, se promocionaba con un sello falsificado de la ANMAT
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
La acusación recayó sobre Victoria Ramos, señalada como presunta autora de los delitos de
“comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud y uso de
sello oficial falsificado”. Por otro lado, su hermana, Valeria Ramos, fue imputada como partícipe secundaria de
los delitos mencionados.
La investigación
comenzó a partir de una denuncia presentada por la ANMAT ante la División
Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina. Según se
indicó, a través de un perfil de Instagram se
promocionaba un producto denominado “Quemador Natural Viking’s, Natural Gym
Receta por 30 comprimidos”, cuyo envase exhibía la leyenda “Producto
autorizado por ANMAT”.

A partir del número telefónico utilizado para las ventas, la Fiscalía logró identificar a la persona
que comercializaba los comprimidos y detectar otros perfiles en redes sociales
y líneas telefónicas vinculadas a la actividad. La investigación permitió,
además, determinar la participación de una segunda persona -su hermana- cuyo domicilio funcionaba como punto de
entrega y lugar de envío de los productos al Interior del país.
Más tarde, con todos los elementos obtenidos, se solicitó una serie de allanamientos en
los domicilios de ambas acusadas, procedimientos que se realizaron el 17 de
diciembre de 2025, donde se secuestraron teléfonos celulares, un cuaderno
con anotaciones y 87 frascos del producto denominado “Quemador Natural”.
Posteriormente, se constató que la
principal imputada continuaba con la comercialización, lo que motivó nuevos
allanamientos el 26 de febrero de este año, también con resultados positivos.
Durante la investigación, también se identificaron cuatro
personas que habían comprado el producto, quienes
relataron haber sufrido efectos adversos tras su consumo, entre ellos,
retención de líquidos, mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimiento y
constipación.
Los análisis realizados por la División del Laboratorio Químico de la Policía Federal determinaron que los comprimidos contenían mazindol -una droga incluida en el listado de estupefacientes de la Ley 23.737, con efectos similares a las anfetaminas- e hidroclorotiazida, un diurético que sólo debe utilizarse bajo prescripción médica y que no tiene función adelgazante. Ante estos resultados, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios advirtió a la población sobre los riesgos del consumo de este tipo de productos y recomendó abstenerse de adquirirlos fuera de los canales sanitarios habilitados.

