La querella en la causa contra Alberto Martín Del Valle —detenido tras pasar casi 15 años prófugo por la violación de una niña en Puan— solicitó investigar su patrimonio durante la clandestinidad.
La presentación, realizada por la abogada y hermana de la víctima, Yamila Segovia, busca comprobar si el imputado cometió el delito de insolvencia fraudulenta para eludir la pensión alimentaria de sus cuatro hijos, una maniobra que interrumpiría la prescripción de la causa principal.
Los letrados sostienen que el acusado utilizó presuntos testaferros para ocultar propiedades y vehículos a nombre de terceros, incumpliendo sus deberes legales con la niña nacida producto del abuso. De confirmarse la maniobra, el encuadre bajo la ley de asistencia familiar prevé penas de uno a seis años de prisión.
Para probar la hipótesis, la querella pidió informes a los registros de la propiedad e inmuebles, organismos fiscales y entidades bancarias. El resultado de estos peritajes sobre la capacidad económica real del acusado resultará determinante para definir si la acción penal por la violación sigue vigente o si queda finalmente extinguida.
