En medio del paro docente impulsado por CTERA, el Gobierno nacional anticipó que podría avanzar con sanciones por obstrucción contra las autoridades que eviten la fiscalización sobre las escuelas para garantizar el cumplimiento del servicio mínimo. La aclaración responde al rechazo de la provincia de Buenos Aires, que instruyó a sus funcionarios a no brindar información alguna a los inspectores de Nación.

 

A través de un comunicado dirigido a las autoridades educativas de la Provincia, el Ministerio de Trabajo bonaerense aseguró haber enviado una presentación formal a la secretaría que conduce Julio Cordero para que este se abstuviera de solicitar información a las instituciones bonaerenses para verificar el cumplimiento de los “pisos de prestación mínima” previstos en Ley de Modernización Laboral.

 

En ese sentido, la gestión de Axel Kicillof argumentó que el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente y sostuvo que la medida del Ejecutivo constituye “un avance ilegítimo sobre la autonomía local”.

 

“En este sentido, las dependencias a su cargo y a las autoridades de los establecimientos educativos deberán, ante cualquier requerimiento de informes de origen nacional, limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría Nacional”, ordena el comunicado. Y agrega: “Comunicamos a los inspectores, jefes regionales y distritales y equipos de conducción la improcedencia de realizar cualquier tipo de declaración y suministrar información a agentes de extraña jurisdicción respecto de instituciones educativas provinciales”.

En ese contexto, fuentes oficiales aseguraron que la negativa a brindar la información requerida a los inspectores de la cartera habilitaría a avanzar con una denuncia por obstrucción a la autoridad contra los responsables de los establecimientos: “Uno espera que la autoridad de la escuela efectivamente brinde la información. Esto es como cualquier inspección laboral, si a uno no lo dejan pasar o no le brindan la información es obstrucción de la autoridad y se le abre un acta”, ratificó este lunes el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en diálogo con Radio La Red.

 

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano convocó este domingo, en la previa de la medida de fuerza, al Consejo Federal de Educación para discutir cómo garantizar el 75% de la actividad en las escuelas como dicta la nueva Ley de Modernización Laboral, que declaró al sector como un servicio esencial.

 

Fue con ese objetivo que la Secretaría de Trabajo instruyó a sus inspectores distribuidos en las 43 agencias territoriales que se despliegan a lo largo del país que realicen un muestreo para dar cuenta de si se llegó al nivel de cobertura establecido por ley: “Si no se cumple, se inicia un proceso concreto y específico para aplicar todas las sanciones que correspondan”, remarcó Cordero.

 

En el Gobierno anticipan que se trata de un procedimiento lento que debe cumplir determinados pasos, pero que es contundente. Como ejemplo, señalan la reciente multa contra el gremio de La Fraternidad por más de $21 mil millones por su adhesión al paro de la CGT cuando se encontraban en conciliación obligatoria. Según explicaron, las eventuales sanciones no alcanzarán a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza, sino a los sindicatos que realizaron la convocatoria. En caso que existan incumplimientos reiterados, la normativa prevé que en última instancia se les retire la personería gremial.