El destino de los aportes previsionales de más de 55.000 auxiliares docentes y profesores de materias extracurriculares de colegios privados de la provincia de Buenos Aires generó un conflicto entre las entidades educativas, el Gobierno bonaerense y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La controversia surgió a partir de un artículo de la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia, que establece que los aportes previsionales del personal docente extraprogramático y del personal no docente de instituciones educativas de gestión privada dejen de realizarse a la Anses y pasen al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo previsional de los empleados públicos bonaerenses.
Las entidades que representan a los establecimientos privados rechazan la medida al considerar que incrementa los costos laborales, debido a que el IPS aplica alícuotas superiores a las del sistema nacional, y sostienen que la decisión fue adoptada sin instancias de consulta con el sector.
En ese marco, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) promovió una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la normativa y el dictado de medidas cautelares que resguarden la seguridad jurídica de las instituciones educativas.
Además del planteo judicial, la entidad presentó un reclamo ante la Dirección General de Cultura y Educación para que, hasta que exista una definición administrativa y judicial sobre el tema, no se exija a los colegios incorporar al personal extraprogramático a la planta funcional.
