Por Juan Pablo Fernández Funes (@juampi_ff)

Hay momentos en los que los cambios no se anuncian: se ven. Y esta semana hubo una señal que pasó casi inadvertida, pero que vale mucho más que cualquier discurso. La apertura de las licitaciones para ampliar más de setecientos kilómetros de rutas nacionales, dentro del primer tramo del plan de corredores viales, fue una de ellas.

Siete oferentes se presentaron para competir en el Corredor Mercosur, que une provincias estratégicas como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires. Los precios estuvieron por debajo del tope fijado y el proceso fue público, transparente y sin subsidios. Después de años de discrecionalidad, esta normalidad institucional —licitaciones abiertas, competencia real, control público— es quizás la mejor noticia económica de la semana.

Porque el desarrollo empieza ahí, en las pequeñas y grandes decisiones que muestran que el país puede volver a funcionar con reglas. Durante décadas, la Argentina discutió reformas sin lograr sostenerlas en el tiempo. Hoy, cuando vuelven a estar en agenda —laboral, tributaria, previsional— el desafío es distinto: no hacerlas por ajuste, sino por productividad.

Reformar no es solo reducir costos; es crear condiciones para producir más, mejor y con mayor competitividad. Una reforma laboral que incentive el empleo formal, una reforma tributaria que simplifique y devuelva previsibilidad, una reforma previsional que garantice sustentabilidad sin asfixiar el futuro. No se trata de un ejercicio técnico, sino de redefinir el contrato productivo del país: qué valoramos, cómo premiamos el trabajo y cómo aseguramos que las reglas se cumplan.

La estabilidad es condición necesaria, pero el desarrollo exige algo más: productividad. Y la productividad depende de muchos factores: infraestructura, innovación, formación técnica, logística eficiente y un Estado que coordine en lugar de obstaculizar. Cuando se amplían rutas, se tienden gasoductos o se modernizan puertos, no solo se construye obra pública: se construye competitividad. Cada kilómetro pavimentado reduce tiempos, costos y distancia entre regiones.

Cada proyecto bien licitado multiplica oportunidades para las pymes, para los trabajadores y para los productores que están lejos de los grandes centros urbanos. Y eso tiene impacto directo en la federalización del desarrollo, en la Argentina profunda que produce, exporta y genera empleo.
Hay algo que empieza a cambiar en la conversación pública.

El eje ya no está solo en la macroeconomía o en el déficit fiscal, sino en cómo generar las condiciones para crecer de manera sostenida. Y ahí aparece un dato alentador: el sector privado responde cuando hay previsibilidad. Empresas que vuelven a invertir en energía y minería, parques industriales que reactivan proyectos postergados, economías regionales que miran al mundo con otra lógica. La licitación de las rutas nacionales es una muestra de ese nuevo ciclo: el Estado ordena, el privado confía y la sociedad empieza a ver resultados.

En definitiva, las reformas, la productividad y el futuro no son tres ideas separadas, sino parte de un mismo proceso. Uno que se construye con transparencia, competencia y visión de largo plazo. Porque el futuro no se promete: se planifica. Y la confianza no se recupera con discursos, sino con señales concretas de gestión. La Argentina está llena de talento, de recursos y de capacidades productivas; solo necesita que las reglas acompañen. Cuando eso sucede —como en la licitación de esta semana— el país se pone en marcha.

Las reformas no garantizan el desarrollo, pero sin reformas no hay desarrollo posible. Lo que empieza a insinuarse es un cambio de época: un Estado que ordena, un sector privado que responde y una sociedad que empieza a creer que la estabilidad también puede ser productiva. Esa es la base de un país serio, moderno y con futuro.