Tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas, el equipo económico inició una etapa orientada a recomponer el nivel de actividad. El resultado en las urnas despejó dudas sobre el esquema cambiario en el corto plazo y habilitó un giro de enfoque: de una política centrada en contener el dólar y absorber liquidez a una estrategia que busca inyectar pesos, moderar el costo del financiamiento y estimular el crédito productivo y al consumo.

 

El objetivo es consolidar la estabilidad cambiaria, mientras se habilita un flujo de pesos más dinámico para apuntalar la economía real. La apuesta se sostiene en dos pilares: la expectativa de que la demanda de dinero crezca de forma estacional en diciembre y la percepción de que parte de los dólares adquiridos como cobertura electoral volverán a convertirse en pesos para cubrir compromisos de fin de año.

 

El primer movimiento claro se vio en la última licitación de títulos en moneda local. El Ministerio de Economía decidió renovar sólo el 57,18% de los cerca de 12 billones de pesos que vencían y permitió que casi 5 billones quedaran liberados en el mercado. La señal fue interpretada como el inicio de una fase de mayor laxitud monetaria, luego de varios meses de tasas elevadas y absorción agresiva de pesos para evitar tensiones cambiarias antes de los comicios.

 

En noviembre habrá dos nuevas licitaciones, con vencimientos que rondan los 18 billones de pesos. Si se repite la estrategia, volverá a quedar una porción significativa sin renovar, lo que ampliará la liquidez disponible para el sistema financiero. La decisión implica un giro respecto del esquema previo, que priorizaba mantener controladas las tasas y evitar que pesos excedentes buscaran cobertura en el dólar.

 

El Banco Central acompañó el movimiento con una modificación operativa en el régimen de encajes. Desde el 1 de noviembre, la exigencia vuelve a calcularse de manera mensual, con un piso diario del 95%. El cambio no reduce el nivel total de encajes, que se mantiene alrededor del 53%, pero otorga mayor flexibilidad en la administración de liquidez diaria de las entidades financieras.

 

Hasta ahora regía la normativa más rígida de las últimas tres décadas, aplicada para evitar cualquier presión cambiaria durante el proceso electoral. La flexibilización busca suavizar la volatilidad de tasas y mejorar la capacidad de los bancos para canalizar recursos hacia préstamos. Aunque el requisito sigue siendo muy rígido, es un paso hacia un esquema más normalizado y funcional a una etapa de reactivación.

 

La combinación de menor absorción de deuda y mayor margen para el sistema bancario empezó a reflejarse en el mercado de pesos. En la última colocación de títulos del Tesoro, las tasas anuales se situaron en un rango de 37% a 44%, por debajo de los niveles de los meses previos. Aún así, siguen siendo tasas altas en términos reales frente a la inflación proyectada, lo que indica que la transición será gradual.

 

El Gobierno confía en que la mayor liquidez y la estabilidad cambiaria faciliten una recomposición del crédito comercial y personal, después de meses en los que el costo financiero superó el 60%  y el sistema sintió el impacto de la dolarización preelectoral.

 

El aumento estacional de la demanda de pesos, que suele registrarse en diciembre por aguinaldo, vacaciones y gastos de fin de año, también ayudará a absorber parte de la liquidez excedente sin generar presiones sobre el dólar, confían en el equipo económico. La nueva fase no busca abandonar el orden fiscal ni el objetivo de estabilidad nominal, sino equilibrar esas metas con la necesidad de reactivar una economía que, según algunos analistas, mostró signos de recesión en la previa electoral.

 

La administración considera que el programa combina estabilidad financiera, disciplina fiscal y estímulos selectivos a la inversión, con instrumentos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).  

En paralelo, la continuidad de los acuerdos internacionales de financiamiento y la garantía de respaldo financiero de EEUU apuntan a mantener despejado el horizonte externo. La premisa oficial es que las condiciones financieras globales y el clima político interno permitan habilitar una mayor presencia de pesos en la economía sin comprometer el equilibrio cambiario.