El Gobierno anunció este miércoles aumentos a los prestadores de discapacidad. La decisión llega tras semanas de presiones por la falta de aplicación de parte del Poder Ejecutivo de la ley de emergencia en discapacidad que fue ratificada por el Congreso. Fuentes cercanas a la gestión libertaria confirmaron que el incremento será de entre el 29,7% y el 35,4% y se aplicará en tres tramos en octubre, noviembre y diciembre.

 

Se trata de una decisión acordada entre la Agencia Nacional de Discapacidad, PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud en una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. También estaba presente un representante de los prestadores de servicios elegidos por el Comité Asesor de la Andis, Daniel Lipani, y el representante del Cofedis, que no tenía voto.

 

Para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y de apoyo, los aumentos serán de 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre. El total acumulativo es del 34,53%. En tanto, el resto de las prestaciones tendrán una suba del 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre. El total es del 29,73%.

 

Fuentes cercanas al Gobierno aseguraron que, con la actualización, el incremento estará por encima de la inflación proyectada para todo el año. Además, señalaron que la decisión fue posible gracias al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que otorgó una partida adicional para hacer frente a las subas del tercer trimestre.

Lipani votó en contra de la propuesta del Gobierno y presentó una serie de mociones, entre ellas, que se otorgue a partir de octubre un aumento del 70% sobre el valor vigente a todas las prestaciones del Sistema único de prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad. Para mantenerlo, solicitó reasignar las partidas necesarias para dar con su cumplimiento.

 

En un comunicado, el Foro Permanente de Discapacidad se manifestó en contra de la medida de la gestión libertaria e informaron que “continúan en estado de alerta”: “Desde el FORO consideramos que el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. Estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026. El Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad”, reclamaron.

 

Desde el Ministerio de Salud apuntaron contra quienes “hicieron política” en el último tiempo con este tema y que en 2023 “aumentaron el nomenclador un 93% contra un 211% de inflación”. También criticaron que las provincias pagan “la mitad de lo que paga Nación cuando quieren”, y ejemplificaron con lo que ocurre con IOMA en territorio bonaerense.

 

La semana pasada, el Gobierno había acatado parcialmente la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, para restituir 3644 pensiones por incapacidad laboral que la Andis había pausado en la provincia tras una auditoría de carácter nacional. Se habían dado de baja más de 110.000 pensiones.