El Concejo Deliberante aprobó este jueves un proyecto de resolución en el que se le solicita a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, prohibir el uso de teléfonos celulares en todas las cárceles del territorio bonaerense.

 

Esta iniciativa, impulsada por los concejales Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte, surgió a partir de lo ocurrido la semana pasada, cuando Jonathan Luna, el femicida de Micaela Ortega, le envió una serie de mensajes a la madre de la víctima, Mónica Cid, a través de las redes sociales, pidiéndole perdón por el aberrante crimen cometido en abril de 2016. “Espero que algún día pueda perdonarme”, escribió Luna. Luego, envió un mensaje similar: “Espero que algún día usted me pueda perdonar”, al que le agregó que “hoy estoy pagando mi error”.

 

A su vez, según información a la que accedió BHInfo, el femicida solicitó a través del Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires que se le garantice el derecho para poder conversar con la familia a través de un teléfono fijo.

 

“Esta medida se aplicó durante la pandemia (el uso de celulares en establecimientos penitenciarios), pero a nivel nacional se volvió para atrás y se les sacaron los teléfonos a los presos. Pero en la provincia de Buenos Aires sigue. Por eso expusimos muchos casos, para demostrar cómo se sigue delinquiendo en las cárceles con el uso de celulares. Y, dentro de los ejemplos, está lo que sucedió con Luna”, explicó Caputo en diálogo con este medio.

 

EL CASO MICAELA

 

La tristeza y el calvario para la familia de Micaela Ortega comenzó el 23 de abril de 2016. Ese día, la nena de 12 años salió de su casa en su casa del barrio Noroeste motivada por un criminal que la había engañado escondiéndose detrás de un falso perfil de Facebook. Nunca regresó. Una vez hecha la denuncia de rigor por averiguación de paradero, desde entonces se montaron múltiples rastrillajes y operativos para dar con ella. Todos con el mismo resultado: negativo.

 

El caso acaparó rápidamente los medios de comunicación. Mientras los días pasaban, la angustia se acrecentaba. Había transcurrido un mes y la búsqueda seguía sin rumbo hasta que se incorporó a la causa información de parte del National Center for Missing & Exploited Children, un organismo sin fines de lucro de Estados Unidos que trabaja a nivel mundial contra la pedofilia y que colabora con la Justicia en este tipo de casos.

 

A partir de los datos aportados, los investigadores conocieron que Jonathan Luna, un hombre por entonces de 26 años y que vivía en Ingeniero White, había contactado a Micaela a través de la mencionada red social haciéndose pasar por una niña de su misma edad. En consecuencia, la Justicia ordenó el allanamiento a esa vivienda. Allí se encontraron el celular y la campera de la menor. Luna fue detenido y, comprometido por las pruebas en su contra, se quebró: confesó el asesinato y reveló el lugar donde había escondido el cuerpo.

 

Así, a poco más de un mes de la desaparición, el 28 de mayo, Micaela fue encontrada estrangulada con una remera y golpeada en la cabeza en un descampado en las afueras de la ciudad, en un lugar lleno de arbustos y pastizales localizado cerca de la ruta 3 y a pocos kilómetros de General Daniel Cerri.

 

Posteriormente, el fiscal de la causa, Rodolfo De Lucía, determinó que el acusado tenía cuatro cuentas de Facebook, y a través de una logró organizar y concretar un encuentro con Micaela. De ese modo fue como tras el encuentro, según la reconstrucción de la investigación, la niña y Luna caminaron unos 9 kilómetros hacia un descampado donde él intentó abusar de ella, le robó y la mató. Se supo, además, que Luna había intentado vender a conocidos una plancha de pelo que le había robado a la niña.

 

Luna era un viejo conocido de la Justicia. De hecho, cometió el crimen de la menor mientras estaba prófugo, ya que se había escapado en 2014 durante una salida transitoria mientras se encontraba purgando una condena por robo calificado en la provincia de Río Negro. Finalmente, el 19 de octubre de 2017 fue condenado a prisión perpetua -una sentencia acorde con la que habían solicitado la fiscalía y la querella- en un juicio histórico, ya que se trató del primero por grooming seguido de muerte en Argentina.