El fiscal general de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, retiró hoy el pedido para que la ex presidenta Cristina Kirchner cumpla en una cárcel la condena de seis años de prisión en el caso Vialidad. Lo hizo a través de un escrito que presentó en el Tribunal minutos antes del inicio de una audiencia oral en la que las partes expusieron sus argumentos para debatir esta y otras condiciones de la detención.

 

Fuentes judiciales informaron que Villar no compartió el criterio de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, que habían apelado la prisión domiciliaria que recibió la ex mandataria para que sea revocada y que quede presa en una cárcel.

 

Con esta nueva postura, la Cámara de Casación ya no tendrá la posibilidad de analizar la detención en una cárcel y así Cristina Kirchner se asegura su continuidad en prisión domiciliaria. Además, quien podía llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación era la Fiscalía. Para la ex presidenta, la detención en una cárcel podría ser una posibilidad si incumple las condiciones de la domiciliaria.

 

No obstante, el fiscal Villar planteó que Cristina debe cambiar el domicilio de detención y tiene que continuar con el actual régimen de visitas y con el uso de la tobillera. Eso lo objetó la defensa de la ex presidenta: “A Cristina Kirchner se le imponen condiciones que no se le imponen a nadie. Las cuestiones políticas no se discuten acá”, dijo el abogado defensor Alberto Beraldi.

 

Todo se expuso en una audiencia que duró poco más de una hora en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. La hizo la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroeteveña quedaron en condiciones de resolver. Para eso tienen cinco días hábiles, pero la expectativa es que lo hagan esta semana.

 

La audiencia fue convocada a las 12 horas. 10 minutos antes, el fiscal Villar presentó un escrito de 18 páginas en el que sostuvo que no compartía el criterio de que Cristina Kirchner debe cumplir la condena en una cárcel. Sostuvo que la prisión domiciliaria no presupone una ausencia de los controles y supervisión necesarios para evaluar el comportamiento de la condenada, “en particular atendiendo a cumplir los fines de la ejecución de pena establecidos”.

 

“En lo que a una pretensión de mayor seguridad para la condenada respecta, es cierto que el domicilio actual no aporta mayores garantías (sobre todo si la condenada realiza numerosas salidas a su balcón que, aún con derecho a hacerlo, incrementa el riesgo), pero también lo es que la sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida”, especificó.

 

Y concluyó: “Es por esto por lo que esta representación del Ministerio Público Fiscal no presenta oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria, siempre que la condenada se mantenga a derecho y, en especial, atendiendo a las reglas de conducta impuestas”.

 

Pero Villar sí mantuvo el pedido para que la ex presidenta cambie su domicilio de detención. Coincidió con que su presencia allí genera complicaciones para los vecinos y las personas que deben transitar por la zona y para los servicios del barrio, según un informe que presentó la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires. “Los vecinos no tienen por qué soportar estas anomalías”, sostuvo el fiscal en la audiencia.