La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones.

 

El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo condenatorio contra el país, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado. También había solicitado embargos y otras medidas, todas apuntadas a lo que fuentes vinculadas con el caso definieron siempre como “presiones para negociar”. Es que Burford compró los derechos a litigar de esta causa que ya lleva una década y por la cual el país tuvo varios reveses en las cortes de EEUU.

 

“La decisión es absolutamente inédita (por eso se opuso el Departamento de Justicia del gobierno de EEUU en su escrito amicus respaldando la postura de la defensa argentina). Se puede apelar y la propia Preska, o en su caso la Court of Appeals, debería suspender los efectos de esta decisión”, destacó una fuente con conocimiento de la causa que pidió reserva de nombre. En noviembre del año pasado, cuando aun Joe Biden era presidente de EEUU, el Departamento de Estado de ese país, le pidió a Preska que no tenga en cuenta los argumentos de Burford.

 

En la presentación, que firmó Damian Williams, entonces fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, se aseguró que conceder la orden de “turnover” de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. Y le recomienda a Preska que rechace esa solicitud.

 

“La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”, dijo el escrito de 10 páginas.

EL FALLO

 

“Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon) en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”, cierra el fallo de hoy de Preska.

 

Entre los considerandos, la magistrada destacó que “desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía. Las partes acuerdan que la República vota para elegir el directorio y aprobar iniciativas generalmente propuestas por el directorio, incluyendo aquellas que requieren la aprobación de los accionistas bajo las leyes de la República”, detalló el escrito.