En medio de la delicada situación que atraviesa el Hospital Penna, donde los médicos que
conforman el servicio de cirugía expresaron su preocupación por las situaciones
que se viven tras la inundación del 7 de marzo, el director ejecutivo Jorge
Moyano emitió un memorándum que le prohíbe al personal del centro asistencial
realizar publicaciones en redes sociales o brindar declaraciones sin
autorización oficial.
Este escrito,
que está dirigido a todos los trabajadores del Penna, independientemente de sus
tareas, subraya que “la obligación existente con respecto a la imposibilidad
de realizar publicaciones en redes sociales u otros medios de comunicación
masiva, cuyo contenido incluya apreciaciones subjetivas sobre el
establecimiento, que puedan producir alarma en la sociedad”.
En ese
sentido, en el comunicado se enfatizó que “se encuentra prohibido
normativamente realizar divulgaciones y/o publicaciones cuyo contenido se
refiera a usuarios de salud, sin su expreso consentimiento informado”, basándose
en el marco legal que ampara la confidencialidad médica, como la Ley Nacional
25.326 de Datos Personales y la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
A su vez,
el documento advierte sobre las consecuencias legales y disciplinarias para
quienes incumplan estas normativas, al indicar que “la violación de las
normas por el personal del establecimiento sanitario lo hace
responsable civil y/o administrativamente, pudiendo en este último caso la
Dirección Ejecutiva tomar las medidas que considere pertinentes”.
El memorándum
también cita el artículo 79 del Estatuto del Empleado Público de la Provincia
(Ley 10.430), que impide “referirse en forma evidentemente despectiva por la
prensa o por cualquier otro medio, a las autoridades o a los actos de ellas
emanados”.
Tal como
publicó BHInfo la semana pasada, trabajadores
de los servicios de neonatología, guardia y cirugía del Penna difundieron material
fotográfico y diversos comunicados, advirtiendo sobre la crítica situación de infraestructura y
recursos humanos del hospital, denunciando condiciones de insalubridad,
falta de insumos e internaciones colapsadas.
Al respecto,
el concejal Pablo Daguerre calificó de “inaceptable” este accionar: “Es inaceptable
cualquier intento de coartar la libertad de expresión, un derecho garantizado por
la Constitución Nacional y fundamental para el fortalecimiento de la
democracia, la transparencia institucional y la mejora de las condiciones
laborales y sanitarias”, manifestó.
“El personal tiene no solo el derecho, sino la responsabilidad de comunicar y visibilizar las problemáticas que afectan a los trabajadores como a los pacientes. Censurar esta voz vulnera derechos básicos y pone en riesgo la calidad de atención y el acceso a la salud pública”, agregó el edil.