A menos de una semana de la peor lluvia en la historia de la ciudad, a los esfuerzos nacionales, provinciales y municipales para reconstruir los edificios y asistir a las víctimas materiales, se sumó una iniciativa de la Cámara de Diputados, que aprobó la declaración de emergencia para el distrito.

 

El proyecto representa un instrumento para que el Poder Ejecutivo de la Nación brinde partidas extraordinarias y coordine políticas en común con las gestiones de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue presentada por ocho bloques, entre los que estaban todos los mayoritarios con excepción de La Libertad Avanza, que finalmente acompañó la propuesta en el recinto. La media sanción fue unánime: 230 votos a favor. Resta la votación en el Senado para convertirlo en ley.

 

"Es muy responsable no haber puesto un monto sino dejar esta posibilidad a la mesa de trabajo conjunta, que va a tener seguramente a las máximas autoridades del Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires", planteó Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), autora del proyecto, quien agregó: "Eso es lo que espera todo el pueblo de Bahía Blanca; ver a la política dejando las diferencias partidarias de lado y poniendo encima el interés general del pueblo que ha sufrido la pérdida de 16 bahienses en la trágica inundación".

 

La declaración de emergencia en la ciudad crea instrumentos para otorgar fondos especiales a los damnificados y ya cuenta con el acompañamiento en su presentación de ocho bloques distintos. En un principio, La Libertad Avanza no respaldó el proyecto y presentó una redacción propia.

 

La propuesta mayoritaria señala que se enviarán partidas desde el Poder Ejecutivo Nacional y se priorizarán las obras públicas urgentes, tales como "la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones". Se estipula que los fondos se destinen a "preservar y restablecer las condiciones de vida de los habitantes, las relaciones de producción y empleo, y la recuperación de la biodiversidad en las zonas afectadas".

 

A su vez, se contemplan medidas de asistencia financiera, como el otorgamiento de líneas de créditos con tasas bonificadas y suspensión de juicios, obligaciones bancarias y deudas pendientes por 90 días. "Estas acciones se implementarán en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos locales", destaca el documento.

 

La diferencia con la iniciativa de La Libertad Avanza, de autoría del bonaerense José Luis Espert, precisaba que las partidas saldrían desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, dependiente de Daniel Scioli. Sin embargo, terminaron adhiriéndose a la propuesta general.