El Gobierno anunció este martes que Pablo Di Liscia será el nuevo secretario nacional de Discapacidad. Reemplazará a Alejandro Vilches, quien renunció en medio de la discusión por los recortes de fondos al sector incluidos en el Presupuesto 2027.

 

Según explicaron desde el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, Di Liscia “cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas, y liderazgo de equipos multidisciplinarios”.

 

Entre 2017 y 2019, el flamante funcionario fue Presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires y previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, agregaron.

 

En ese contexto, desde el Ministerio de Salud enfatizaron que la principal responsabilidad de Di Liscia en su nuevo rol será “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

 

A su vez, el funcionario continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, “identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan”.

 

El recambio se produjo menos de 24 horas después de que el anterior secretario, Alejandro Vilches, presentara su renuncia mediante una carta dirigida a Lugones en la que atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”. El médico sanitarista había sido designado en febrero al frente de la Senadis, la secretaría creada un mes antes para reemplazar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras el escándalo por presuntos sobreprecios que involucró a su ex titular Diego Spagnuolo.

 

Su salida llegó en pleno conflicto por el proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno giró a Diputados la semana pasada, que incluyó de forma sorpresiva un capítulo que deroga parte de la Ley de Emergencia en Discapacidad, elimina el arancel único del nomenclador de prestaciones y quita al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión.

 

El texto también fija la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo registrado -hoy es posible combinarla con hasta dos salarios mínimos- y retoma un criterio de invalidez laboral, con un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

 

La iniciativa generó malestar tanto en los bloques aliados como dentro del propio oficialismo, que negociaba una ley específica para el sector sin afectar el equilibrio fiscal. La jefa del bloque del PRO en el Senado, Patricia Bullrich, había cuestionado que nadie le adelantó los cambios ni siquiera en la mesa política que integra con los principales referentes del Gobierno: “De golpe viene una bomba atómica”, dijo.

 

Frente al rechazo, el oficialismo ya había anticipado que buscaría dar marcha atrás y consensuar un nuevo texto con el PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras la oposición insiste con una iniciativa propia para extender la vigencia de la emergencia en discapacidad hasta 2027.