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El Consejo
Superior de la Universidad Nacional del Sur aprobó, en su sesión plenaria del
pasado miércoles, una resolución para “encomendar al señor Rector el inicio
de las acciones judiciales que resulten procedentes para exigir la efectiva
implementación de la Ley 27.795 para resguardar los derechos de la Universidad
Nacional del Sur y de sus trabajadoras y trabajadores”.
La decisión
se fundamenta en que “el Decreto (del Poder Ejecutivo Nacional) 759/2025, si
bien promulga formalmente la ley, suspende materialmente su aplicación, al
subordinar su ejecución a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629 y a
la futura determinación de fuentes de financiamiento por parte del Congreso”.
La
resolución de la UNS considera que “tal fundamentación resulta aparente y
falaz, en tanto el Poder Ejecutivo gobierna bajo un régimen de presupuesto prorrogado,
lo que le otorga amplias facultades para reasignar partidas y disponer de
los fondos necesarios para su cumplimiento”.
Según los
consejeros, “esta decisión configura, en los hechos, un veto implícito,
contrario a la voluntad expresada por más de las dos terceras partes del
Congreso de la Nación, y reviste una grave afectación institucional al
desconocer la soberanía del Poder Legislativo”, y además “esta
postura del Poder Ejecutivo de la Nación altera gravemente la división de
poderes que sustenta el sistema republicano de gobierno que asume el artículo
1° de la Constitución Nacional, al desconocer las atribuciones del Congreso
de la Nación en materia legislativa”
Además, en
la misma resolución se incluyó la siguiente declaración: “Ante esta situación, repudiamos
la decisión de desconocer sistemáticamente las leyes sancionadas por el
Congreso de la Nación, con relación al financiamiento en materia de
discapacidad, salud y educación públicas.
“Exigimos al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata aplicación de la Ley 27.795, garantizando el financiamiento adecuado del sistema universitario público y la recomposición salarial del personal docente y no docente, conforme a los principios republicanos, la división de poderes y la obligación constitucional de asegurar el derecho a la educación pública en todo el territorio nacional”, continuó el escrito y concluyó de la siguiente manera: “Incumplir la Constitución Nacional pone en peligro el Estado de derecho”.
