Tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, la Justicia se prepara para subastar más de 20 inmuebles y millones de dólares de la familia de la ex presidenta.

 

El fiscal Diego Luciani solicitará que los condenados, entre ellos Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, devuelvan los fondos defraudados al Estado, con la amenaza de iniciar la ejecución de sus patrimonios si no cumplen en un plazo de 10 días hábiles. La causa señala que una banda liderada por Báez defraudó al Estado por cerca de 85 mil millones de pesos, en la cual una parte corresponde directamente a la ex mandataria.

 

En caso que Cristina Kirchner no restituya el dinero, no solo se embargarán sus bienes, sino también los de sus hijos, Máximo y Florencia, a quienes les habría cedido parte de sus propiedades. Entre los bienes que podrían salir a remate se cuentan 27 propiedades, cinco cocheras en el edificio Madero Center y dos empresas vinculadas al grupo familiar: Hotesur y Los Sauces, que incluyen hoteles y otras propiedades.

 

Además, están secuestrados 4,6 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner, retenidos en Hotesur, y otro millón de dólares en una cuenta bancaria a su nombre. Por su parte, Lázaro Báez también afrontará la ejecución de al menos 60 propiedades valuadas principalmente en el sur del país.

 

La dimensión del fraude se ilustra con la acusación: el 50% de las obras viales adjudicadas irregularmente a Báez fueron abandonadas, con un avance promedio que oscila entre el 16% y el 36%, aunque el empresario cobró la totalidad de esos contratos. El Estado exige que los condenados respondan con sus patrimonios para resarcir el daño a las arcas públicas, una demanda que permaneció en pausa durante cuatro años bajo la presidencia de Alberto Fernández.

 

En otro hecho denunciado esta semana, se reveló que José Ottavis, ex dirigente de La Cámpora, creó una asociación civil en Corrientes llamada “Amarte Argentina” que recibió 11 mil millones de pesos del Estado provenientes del FISU para obras que no fueron terminadas. El monto reclamado en la Causa Vialidad es ocho veces esa cifra.