A los funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya no los sorprende nada. Los resultados de las auditorías que realizan sobre el universo de más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No contributivas que tienen un Certificado Único por Discapacidad (CUD) detectaron situaciones entre “disparatadas” y “escandalosas”.

Un porcentaje de esos beneficios -sobre todo en los beneficios otorgados por Discapacidad Laboral-, que podría ascender y hasta superar el 50%, habrían sido otorgadas como una política de “subsidios discrecionales” en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta.

Hay casos escandalosos: certificados que indicaban “amputaciones” que no eran tales. Una misma radiografía fue utilizada en 150 trámites; diagnósticos por “pie plano”, una mujer que se disfrazó para hacerse pasar por su esposo, presos que se presentaron a la evaluación, y hasta muertos que seguían cobrando el beneficio estatal de 270 mil pesos mensuales.

Al mes de abril el número trepó a 470.000 intimaciones de las cuales se entregaron 248.877. De las 221.189 que no se entregaron fue porque:

-El 70% no completó de manera debida la dirección dónde viven

- El 10% declaró desconocer a la persona que figuraba en la carta documento.

- 928 personas fallecieron, pero una persona cercana seguía percibiendo el beneficio.

- 11.000 beneficiarios se mudaron y no declararon la nueva dirección.

- 3.900 se negaron a recibir la intimación para someterse a una nueva evaluación médica.

- 100 renunciaron a la pensión tras haberla recibido la carta documento. Una alta fuente de la ANDIS le dijo a este medio que: “Hay en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo por diversos motivos”. Hasta el momento se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay 128.660 programadas.