Mientras Jorge Lanata continúa su internación en la clínica Santa Catalina, una jueza impuso restricciones a la libertad de expresión, prohibiendo a los medios mencionar al periodista.

Esta medida fue solicitada por su esposa actual, la abogada Elba Marcovecchio, en medio de un escándalo que involucra denuncias cruzadas con las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, quienes la acusaron ante la Justicia “por hurtar elementos de gran valor” y dinero en efectivo, así como afectar la salud del reconocido periodista.

El juzgado civil N°8 de Buenos Aires, en su comunicado, establece que “se prohíbe la difusión de cualquier información relacionada con Jorge Ernesto Lanata, incluyendo su imagen, su vida privada, su situación familiar y detalles del proceso judicial en curso”.

Debido a esto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó hoy la decisión de un tribunal, por la cual se prohíbe "la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación" sobre el periodista Jorge Lanata y su esposa Elba Marcovecchio.

Al respecto, la entidad consideró, a través de un comunicado, que "se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa".

"El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado", añade la nota.

Además, la directiva de ADEPA remarcó que "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película "La Última Tentación de Cristo" contra Chile.

"El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación", agregó.

Por tal motivo, el organismo sostuvo que esta decisión judicial "puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, lo que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público".