En las últimas horas la causa por la tragedia ocurrida en el Club Bahiense del Norte, donde murieron 13 personas durante el temporal del 16 de diciembre de 2023, quedó a un paso de ser elevada a juicio oral.

 

Es que el Juzgado de Garantías Nº 1 decidió rechazar el pedido de sobreseimiento de Leandro Ginóbili, quien al momento del hecho se desempeñaba como presidente de la institución de calle Salta. Su abogado, Sebastián Cuevas, presentó la solicitud, pero la Justicia argumentó que deberá resolver dudas durante el debate oral, por lo que el ex dirigente está muy cerca de ir a juicio.

 

“Hay cinco días para apelar. Se está contrarrestando la medida dispuesta por el Juzgado de Garantías”, le dijeron a la redacción de BHInfo. Por esta apelación es que la elevación todavía no es efectiva. De esta manera, habrá que esperar a la resolución final de la Cámara.

 

Los otros dos imputados en la causa son Pablo Gustavo Ascolani, el ingeniero que certificó las condiciones estructurales del inmueble, a quien también le fue denegado el sobreseimiento; y Laura Fabiana Soberon, que se desempeñaba en el área de Habilitaciones de la Municipalidad. La mujer "no cuestionó su elevación a juicio", le confiaron a esta redacción.

 

Cabe recordar que el hecho trágico ocurrió en la sede del club, en Salta 28, cuando una de las paredes del gimnasio se desplomó mientras se realizaba un evento de patín. Desde ese momento, la investigación estuvo a cargo del fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ Nº 1, quien en diciembre del año pasado le solicitó a la Justicia de Garantías la citación a juicio de los imputados Ginóbili y Soberon.

 

Leandro Ginóbili, como presidente de la entidad, está acusado del delito de “estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas”. Por su parte, Soberon está imputada de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

 

Días antes, Ascolani había sido señalado por la Fiscalía por -presuntamente- violar los deberes de cuidado a su cargo. Según se detalló en la causa, hay dos informes que lo complican: uno del año 2014, donde mencionó que la estructura “no presentaba vicios constructivos”, y otro de 2016, correspondiente a la habilitación municipal.